La lucha contra la violencia de género no es solo un desafío nacional, sino una prioridad internacional respaldada por organismos como la Unión Europea, la ONU y el Consejo de Europa. Un ejemplo clave es el Convenio de Estambul (2011), ratificado por España en 2014, que establece un marco jurídico vinculante para prevenir esta violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
En esta línea, el 6 de febrero de 2025 ha sido presentada la nueva Proposición de Ley Orgánica con el fin de completar las normas vigentes, para “garantizar el funcionamiento de las secciones de los tribunales de instancia y de las audiencias provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas” busca reforzar el sistema judicial español, garantizando el funcionamiento de los tribunales especializados en violencia de género y la formación de jueces y magistrados en este ámbito.
Pese a los avances normativos que se han hecho en España desde la Ley Orgánica 1/2004, esta iniciativa responde a deficiencias estructurales que han limitado la protección de las víctimas. En particular, el texto de la reforma subraya la importancia de la especialización judicial en violencia de género, y propone ajustes en la distribución de competencias para evitar la sobrecarga judicial. Con esta reforma, se busca fortalecer la estructura judicial existente y garantizar una respuesta más rápida y eficaz para las víctimas.
En este artículo analizaremos los aspectos clave de la nueva proposición de ley, incluyendo las principales medidas propuestas y los desafíos previstos para su implementación.
PRINCIPALES MEDIDAS DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA
El fortalecimiento del sistema judicial en materia de violencia de género es clave para proteger a las víctimas y garantizar una justicia ágil y especializada. La especialización de los jueces, una mejor distribución de competencias y recursos adecuados son esenciales para evitar la revictimización y mejorar la respuesta judicial.
En este sentido, la propuesta de reforma sugiere modificaciones estructurales para optimizar el funcionamiento de los tribunales, reforzando tanto su capacidad operativa como el compromiso del Estado con los derechos fundamentales, asegurando que la lucha contra la violencia de género no se vea afectada por deficiencias organizativas o normativas.
1. Refuerzo de la especialización judicial
Uno de los puntos centrales de la proposición es reforzar la naturaleza penal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, garantizando su especialización y evitando que se les atribuya un carácter mixto que pueda diluir su competencia. Esto permitirá:
- mantener la exclusividad y especialización en la instrucción y enjuiciamiento de delitos de violencia de género;
- garantizar que los magistrados asignados cuenten con formación específica en la materia;
- evitar que jueces sin experiencia en violencia de género sean asignados a estos tribunales.
2. Creación y fortalecimiento de secciones especializadas en los tribunales de instancia
Se prevé la creación de nuevas secciones especializadas dentro de los tribunales de instancia y de las Audiencias Provinciales, con el objetivo de:
- descongestionar los juzgados existentes y mejorar la eficiencia en la tramitación de los casos;
- asegurar una mayor coordinación entre los tribunales para garantizar respuestas más ágiles y efectivas.
3. Clarificación de competencias en delitos de violencia sexual
La reforma plantea la necesidad de evitar el colapso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer mediante la diferenciación de competencias en materia de violencia sexual. Se propone que:
- los delitos sexuales sigan siendo competencia de los juzgados de instrucción y de lo penal, excepto cuando haya una clara relación con la violencia de género;
- se garanticen recursos suficientes para mejorar la investigación y atención a las víctimas de violencia sexual, sin afectar la especialización en violencia de género.
IMPACTO Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
Garantizar una respuesta judicial eficaz frente a la violencia de género requiere no solo marcos normativos adecuados, sino también su correcta aplicación. En este sentido, la Proposición de Ley Orgánica introduce reformas en la estructura judicial, pero también plantea desafíos en su implementación que requieren un compromiso firme por parte del Estado.
1. Potenciales beneficios
Si se implementa correctamente, esta reforma traerá consigo importantes beneficios, fortaleciendo la respuesta institucional ante la violencia de género y garantizando una mayor protección para las víctimas. Entre sus principales ventajas, la proposición prevé:
- una mayor protección para las víctimas, al garantizar un acceso más eficiente a la justicia especializada;
- una reducción de los tiempos de respuesta judicial, evitando retrasos que afectan la seguridad de las mujeres;
- un fortalecimiento de la formación y capacitación de jueces y magistrados, asegurando que todos los operadores judiciales cuenten con el conocimiento necesario para abordar estos casos con perspectiva de género.
2. Retos para superar
Tal y como dijimos, si la Proposición de Ley es aprobada y entra en vigor, parte de su éxito dependerá de su correcta y eficiente implementación por parte de las instituciones. Entre los aspectos clave a considerar se encuentran:
- adecuada dotación presupuestaria para la creación de nuevos juzgados y secciones especializadas;
- formación continua para todos los profesionales del ámbito judicial, policial y sanitario;
- coordinación entre instituciones para garantizar una respuesta integral a las víctimas.
La Proposición de Ley Orgánica representa un avance significativo en la consolidación de un sistema judicial especializado en la lucha contra la violencia de género. La especialización de jueces, la creación de nuevas secciones en los tribunales y la clarificación de competencias son medidas clave para mejorar la eficacia del sistema y garantizar una mayor protección para las víctimas.
No obstante, su éxito dependerá de cómo se implemente. La correcta aplicación de esta reforma requerirá un compromiso institucional firme, con la asignación de fondos adecuados y una coordinación efectiva entre todos los actores involucrados. Solo así podrá garantizarse una justicia más accesible, rápida y efectiva, capaz de ofrecer una protección real y duradera a las mujeres víctimas de violencia de género.